El 'Doalca' solicita 22 millones de euros por el aparcamiento de Azarquiel
En un movimiento sorprendente, la sociedad de inversión Doalca ha presentado una solicitud formal para la concesión del aparcamiento de Azarquiel, con un valor estimado de 22 millones de euros. Esta iniciativa ha generado un gran interés en la comunidad empresarial y política, ya que se considera una de las operaciones más importantes en el ámbito de la gestión de infraestructuras en la región. La solicitud del Doalca se basa en la necesidad de modernizar y mejorar las instalaciones del aparcamiento, lo que permitiría mejorar la experiencia del usuario y aumentar la eficiencia en la gestión de este servicio público.
Negociación en crisis: Doalca pide 22 millones de euros por el aparcamiento de Azarquiel, mientras el Ayuntamiento ofrece 285.400 euros
El aparcamiento de Azarquiel sigue inmerso en el proceso expropiatorio para pasar a manos municipales en unos meses, pero la negociación entre el Ayuntamiento y la propietaria, Doalca, no parece dar sus frutos.
El Ayuntamiento ha presentado la hoja de aprecio, fijando la cuantía en 285.400 euros, una cifra que ya se dio a conocer en abril por un expediente de modificación de crédito. Sin embargo, la propietaria, Doalca, pide 22 millones de euros, una cifra que se sitúa a una gran distancia de la oferta municipal.
Si Doalca no acepta el justiprecio, intervendrá el jurado arbitral y, como último recurso, también podrían entrar los tribunales a pronunciarse sobre el proceso expropiatorio una vez que se agoten todos los trámites administrativos.
Doalca lleva años planteando batalla al Ayuntamiento intentando recuperar su propiedad, a pesar de que la administración municipal mantiene su uso por una cuestión de utilidad pública. El espacio con capacidad para 500 vehículos es muy utilizado y la propietaria acudió a los tribunales al entender que la administración estaba vulnerando el convenio.
El juez emitió una sentencia hace un par de años que obligaba al Ayuntamiento a devolver la parcela, pero la administración no movió ficha y el juzgado tuvo que requerirle de nuevo la devolución de los terrenos, lo que le obligó a iniciar un expediente de expropiación forzosa.
Además, el tamaño de la parcela a expropiar también es objeto de discusión desde hace tiempo. La propiedad plantea que la superficie real de la parcela es de 31.575 metros cuadrados, pero la última valoración municipal apunta una superficie de 18.875 metros cuadrados, una sustancial rebaja que toma como base la referencia catastral actual.
El portavoz municipal recalcó ayer que la propietaria insiste en que la expropiación incluye más metros cuadrados, pero los técnicos municipales han realizado varios informes técnicos que acreditan que la superficie dispone de 18.875 metros cuadrados.
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