La comunidad empresarial de Castilla-La Mancha se encuentra ante un nuevo requisito normativo que busca promover la inclusión y la diversidad en el ámbito laboral. Según la reciente noticia titulada 607 empresas de CLM, obligadas a registrar su plan LGTBI, un total de 607 compañías de la región se ven en la obligación de elaborar y registrar un plan de acción en materia LGTBI. Esta medida, impulsada por las autoridades competentes, tiene como objetivo garantizar un entorno laboral respetuoso y seguro para las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. De esta forma, se fomenta la igualdad de oportunidades y se combate cualquier forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral. Es fundamental que las empresas comprendan la importancia de implementar políticas inclusivas que promuevan el respeto y la diversidad en el lugar de trabajo.
Más de 600 empresas en CLM deberán implementar planes LGTBI
El 28 de febrero de 2023, el Gobierno aprobó la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esta ley estipula la obligación para todas las empresas de más de 50 trabajadores de disponer en el plazo de un año de un protocolo de actuación para velar por la igualdad de este colectivo. El Ejecutivo nacional se comprometió a sacar un reglamento antes del 2 de marzo de 2024, para que las empresas comenzaran a ejecutar los planes. Según UGT, este reglamento debe incluir medidas claras y eficaces que sirvan para tener unos centros de trabajo libres de discriminación.
En el caso de Castilla-La Mancha, un total de 607 empresas estarán obligadas a incluir estos planes LGTBI, 32.000 en el conjunto del país. Desde UGT se exigen unos centros de trabajo más inclusivos y libres de discriminación. Es fundamental proporcionar herramientas para abordar casos de acoso y que las empresas intervengan de manera activa. Además, se requieren medidas para la formación, la sensibilización, el uso de lenguaje inclusivo, y la generalización de los permisos y licencias familiares para las personas LGTBI, entre otras.
Según un informe elaborado por el sindicato, el 50% de las personas LGTBI consideran que no están aceptadas socialmente y que su situación no es buena en general. Esta percepción se agrava en el caso de las personas trans, donde el 70% considera que no están aceptadas. Además, el 75% de las personas LGTBI consideran que no tienen las mismas oportunidades que las personas heterosexuales en el trabajo. Muchas de estas personas renuncian a pedir permisos retribuidos por matrimonio o de acompañante a cónyuges en visitas médicas u otros relacionados con el ámbito familiar.
Por todo ello, se hace necesario reforzar decididamente el ámbito de la negociación colectiva con un nuevo marco regulatorio que permita planificar medidas para lograr el objetivo de garantizar los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral.
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