Los trabajadores de Cocemfe suspenden actividades laborales indefinidamente en protesta por mejoras laborales y salariales
En un movimiento que busca llamar la atención de las autoridades y la dirección de la empresa, los trabajadores de Cocemfe han decidido suspender actividades laborales indefinidamente en protesta por las mejoras laborales y salariales que han estado solicitando durante meses. Esta medida, que entra en vigor de inmediato, busca presionar a la empresa para que atienda a las demandas de los empleados, quienes consideran que sus condiciones laborales y salariales son insuficientes y desiguales. La paralización de actividades laborales afectará a todos los centros de trabajo de la empresa, y se mantendrá hasta que se llegue a un acuerdo satisfactorio entre las partes.
Trabajadores de Cocemfe suspenden actividades indefinidamente por mejoras laborales y salariales
La Comisión Obrera convoca a los 120 trabajadores de la plantilla de Cocemfe-CTS a una huelga indefinida que comienza este jueves. Esta decisión se toma después de 24 meses de retrasos en las nóminas, y en un momento en el que el último sueldo que ha llegado a los trabajadores es el de julio.
El secretario provincial del sindicato, Federico Pérez, exige a la empresa una solución inmediata, que pase por el abono de las cantidades pendientes, o que si no es viable, libere a los trabajadores para que puedan percibir el paro. 83 de estos empleados ya han demandado a través de CCOO la extinción de contrato.
Pérez también pidió un control a la Junta de sus subvenciones públicas, cuestionándose dónde está el dinero que cobra Cocemfe, para que luego no pague a sus trabajadores. «Lo único que sabemos es que tiene graves problemas financieros, cuando sus clientes principales están abonando las facturas y cuando la administración está cumpliendo con las administraciones que tiene que aportar».
La empresa tiene trabajadores subcontratados para diversas áreas, como la textil, jardinería o limpieza, entre otros. Los problemas comenzaron, según el presidente del Comité de Empresa, Javier García Barroso, cuando el Grupo Amiab compró el 51 por ciento de CTS. Así que hace responsable subsidiaria de lo que ocurra al mismo.
La convocatoria de huelga, según Pérez, se hizo en verano, pero se ha ido aplazando por diversas negociaciones en las que la empresa ha puesto sobre la mesa distintos compromisos de pago que ha venido incumpliendo y un intento de que gran parte de la plantilla fuera subrogada, pero todo se ha ido al traste.
Denuncian trato desigual y explotación laboral
Javier García Barroso denunció que los centros especiales de empleo, como este, «forman parte de una trama empresarial». En esta, en concreto, los 120 trabajadores «no están muchas veces a igual trabajo, igual retribución». Es decir, estos centros aportan trabajadores a empresas en las hacen el mismo trabajo que los demás, pero no cobran según convenio, sino muchas veces el salario mínimo.
Además, CTS «ha tirado con pólvora del rey», con grandes inversiones en su centro en el polígono industrial y también ha puesto dinero en la empresa de un tercero en Olías.
Luis Gutiérrez, de la Federación de Enseñanza, explicó que tampoco se está cumpliendo el compromiso de contratación indefinida a los tres años.
Un escándalo global
Federico Pérez ha valorado que «nos encontramos ante un escándalo puntual de una empresa, como el Centro Especial de Empleo, y ante un escándalo global, como es la utilización de los centros especiales de empleo con ánimo de lucro de la figura de los trabajadores con discapacidad». Se trata, recordó, de trabajadores con capacidades no limitantes «a los que se les exige la misma producción que un trabajador ordinario, pero al que se le entrega un salario muy inferior al que le correspondería por el convenio sectorial».
Al sindicato le enfada, según Pérez, cuando se utiliza la «responsabilidad social empresarial», que «no deja de ser un bonito envoltorio para disimular lo que estamos hablando, lo único que están buscando las empresas en aumentar sus beneficios empresariales, no solo rebajando las condiciones laborales, sino de la manera más miserable, aprovechándose de los trabajadores con discapacidad, y todo ello además subvencionado con dinero público».
De ahí el llamamiento que CCOO hace a la Junta para que fiscalice sus ayudas públicas a ayudas como CTS «donde no ha habido ningún tipo de control».
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