La organización agrícola Asaja exige al gobierno el cumplimiento efectivo de la Ley de Cadena Alimentaria

La organización agrícola Asaja exige al gobierno el cumplimiento efectivo de la Ley de Cadena Alimentaria

En un urgente llamado a la acción, la organización agrícola Asaja ha exigido al gobierno que garantice el cumplimiento efectivo de la Ley de Cadena Alimentaria, normativa que busca proteger los intereses de los productores agrícolas y ganaderos del país. Según los representantes de la organización, la inacción gubernamental en este sentido ha generado una situación de inestabilidad en el sector, afectando directamente la producción y comercialización de alimentos. Asaja considera que la aplicación efectiva de esta ley es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del sector agrícola en España.

Asaja exige cumplimiento efectivo de la Ley de Cadena Alimentaria en Castilla-La Mancha

La organización agrícola Asaja Castilla-La Mancha ha exigido a las administraciones competentes máxima vigilancia para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que incluye no solo la obligatoriedad de la formalización de los contratos, sino la prohibición expresa de comprar uva por debajo de los costes de producción.

En una reunión del Comité Ejecutivo Regional, se abordó la situación del sector productor vitícola ante el inicio de la vendimia, constatándose una crisis de rentabilidad sin precedentes. Ante esta situación, la organización ha hecho un llamamiento claro en favor de la responsabilidad y compromiso de todos los eslabones de la cadena para conseguir una mejor retribución de los agricultores.

Contratos firmados y registrados, ha recordado Asaja, deben ser los que rijan la entrega de la uva a las bodegas, con un precio establecido que no sea inferior a los costes de producción. La Ley prohíbe la venta a pérdidas y los viticultores tienen a su disposición un contrato tipo homologado por el Ministerio de Agricultura a propuesta de la OIVE, publicado en el BOE.

Además, la organización ha incidido en que la uva es un producto perecedero y como tal debe ser abonado al agricultor antes de los 30 días desde la entrega del mismo. Los socios han sido animados a ponerse en contacto con las oficinas provinciales ante cualquier duda o sospecha de posible ilegalidad de los contratos.

Todo ello será abordado en la Sectorial Regional del Viñedo, que se convocará en las próximas semanas, con el fin de trabajar además en una propuesta para que el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (Pasve) se adapte a las necesidades reales del sector productor, incluyéndose medidas estructurales y de promoción efectivas.

Por último, la organización ha estimado para esta campaña una producción superior a la del año pasado, con una cosecha media-alta esperada, aunque todavía no es aconsejable definir una cantidad determinada debido a las olas de calor de los próximos días que son determinantes en estos cultivos leñosos. La campaña se adelanta un poco en algunas zonas con las variedades blancas más tempranas, como consecuencia de las altas temperaturas registradas desde finales de julio, que han provocado en algunos casos una maduración más rápida. Se espera una campaña con una buena calidad de la uva como consecuencia de la ausencia de enfermedades y plagas importantes.

La organización agrícola apremia al gobierno para garantizar retribución justa a los productores vitícolas

Asaja Castilla-La Mancha ha instado a que se activen los mecanismos existentes para que las liquidaciones de la uva, ya sean por parte de las bodegas o de las cooperativas, se sitúen por encima de los costes de producción y, de esta manera, tanto unos como otros, cumplan sus expectativas.

La organización ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria es clara en cuanto a la obligatoriedad de la formalización de los contratos y la prohibición expresa de comprar uva por debajo de los costes de producción. Es fundamental, por tanto, que las administraciones competentes garanticen el cumplimiento efectivo de esta norma para que los productores vitícolas reciban una retribución justa por su trabajo.