La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ha decidido tomar medidas contundentes para reforzar las normativas relacionadas con el controvertido fenómeno de las puertas giratorias. Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio más estricto que evite posibles conflictos de interés y garantice la transparencia en la relación entre el sector público y privado. La adopción de estas nuevas reglas pretende mejorar la gestión ética de los altos cargos que pasan de la administración pública a empresas privadas y viceversa. Sin duda, esta medida representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y el nepotismo, fortaleciendo así los principios de igualdad, justicia y probidad.
Castilla-La Mancha refuerza las normas contra las puertas giratorias en nueva Ley de Integridad Pública
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido endurecer la normativa relacionada con las puertas giratorias, el régimen de incompatibilidades y las obligaciones de los altos cargos en cuanto a la declaración de sus bienes, rentas y actividades. Estos cambios han sido aprobados en la nueva Ley de Integridad Pública, la cual se encuentra en camino hacia las Cortes para su votación por los partidos políticos. El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha detallado algunas de las innovaciones implementadas en esta normativa.
En lo que respecta a las puertas giratorias, se ha establecido la regulación de la incompatibilidad durante los dos años posteriores al cese de actividades o servicios prestados en empresas con las cuales los altos cargos hayan tenido algún tipo de relación durante su función pública. Se ha hecho hincapié en la obligatoriedad de informar a dichas empresas, de manera que la Oficina de Integridad pueda verificar que la actividad privada es compatible con el desempeño del cargo público en los dos años precedentes. Esta normativa se aplica tanto a la salida como a la entrada de los cargos públicos en sus funciones.
Castilla-La Mancha se convierte así en la región con la legislación más estricta en materia de incompatibilidades en el país. Cada cargo público está obligado a firmar una declaración responsable de compatibilidad de su actividad, la cual será verificada por la Oficina de Integridad. En caso de detectarse alguna incompatibilidad, el alto cargo deberá resolverla en un plazo de un mes desde su toma de posesión, y de no ser posible, se verá obligado a renunciar al cargo.
La Oficina de Integridad también se encargará de verificar las declaraciones de bienes, rentas y actividades de los altos cargos. Una de las novedades es que en periodo electoral autonómico, se controlará la diferencia patrimonial de los miembros del Gobierno en comparación con el momento en que asumieron el cargo. Este proceso se llevará a cabo obligatoriamente para los miembros del Gobierno y de forma voluntaria para el resto de altos cargos.
Además, se regularán los posibles conflictos de intereses, estableciendo que un cargo público debe abstenerse de participar en decisiones o procedimientos administrativos cuando exista un conflicto entre el interés general y algún interés privado o personal. Esta abstención deberá ser comunicada tanto a sus superiores como a la Oficina de Integridad.
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