El Ayuntamiento de la ciudad ha solicitado formalmente la retirada del Índice de Precios de Alquiler, una herramienta que ha generado controversia en los últimos meses. Esta petición se fundamenta en los resultados de un estudio exhaustivo que señala la necesidad de revisar y reformar el mencionado índice, debido a su impacto en la estabilidad del mercado inmobiliario local. La propuesta de eliminar esta referencia clave en el sector del alquiler ha generado reacciones encontradas entre los diferentes actores involucrados, desde propietarios hasta inquilinos. En este contexto de debate, el Ayuntamiento se compromete a trabajar en conjunto con expertos y partes interesadas para encontrar soluciones que promuevan una convivencia equilibrada en el mercado de alquiler de la ciudad.
Ayuntamiento de Toledo pide retirar índice de precios de alquiler por impacto negativo, Moción aprobada en defensa de viviendas a precios asequibles en Toledo
El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado una moción presentada por el Partido Popular en defensa de viviendas a precios asequibles. En este sentido, José Manuel Velasco, representante del PP, ha destacado la importancia de que los gobiernos cuenten con herramientas que faciliten el acceso a la vivienda. Velasco ha advertido que la aplicación de ciertas normativas propuestas por la izquierda podría resultar en un incremento de los precios en determinados barrios, perjudicando así a quienes buscan un hogar.
El representante del PP ha instado a que se actúe con seriedad y ha solicitado al Gobierno nacional que reflexione antes de tomar medidas que puedan perjudicar el mercado inmobiliario. Asimismo, ha hecho hincapié en los incumplimientos en cuanto a la promesa de construcción de viviendas, abogando por la necesidad de un pacto de Estado en esta materia. Velasco ha recordado que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) no ha construido ninguna vivienda en los últimos 16 años bajo la administración del PSOE.
Por su parte, Alicia Escalante del PSOE ha manifestado que todas las políticas del PP tienden hacia la especulación inmobiliaria. Ha señalado que la vivienda se está convirtiendo en un artículo de lujo, con precios de alquiler desorbitados. Escalante ha defendido la necesidad de contar con una ley nacional de vivienda y políticas públicas que regulen los precios de manera que no se destine más del 30% de los ingresos al pago del alquiler. La representante socialista ha argumentado que la simple construcción de más viviendas no soluciona los problemas del mercado.
Desde Vox, Florentino Delgado ha expresado su apoyo a la moción, argumentando que no están de acuerdo con intervenir en los precios de alquiler en zonas consideradas tensionadas, concepto que, según él, ha sido impuesto por los nacionalistas. Delgado ha acusado al PSOE de no cumplir con la Constitución en materia de vivienda, proponiendo que la solución a los altos precios residirá en el Plan de Ordenación Municipal (POM) para disponer de suelo y en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) para la construcción de nuevos hogares.
Desde Izquierda Unida, José María Fernández ha cuestionado la pertinencia de centrar el debate en la Constitución en lugar de enfocarse en la oferta de viviendas. Ha mencionado los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y ha subrayado la existencia de una ley de vivienda que debe ser cumplida. Fernández ha abogado por poner en el mercado las viviendas vacías, bonificar a los compradores de escasos recursos y establecer límites en los precios de alquiler.
La moción aprobada insta al Gobierno de España a retirar el Índice de Precios de Alquileres publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de marzo de 2024. Asimismo, solicita al Gobierno la realización de estudios independientes previos para evaluar el impacto en el mercado antes de declarar zonas tensionadas, con el objetivo de determinar si la intervención en los precios a través de índices como el mencionado produce efectos positivos o negativos en la oferta de alquiler y en el acceso asequible a la vivienda. Se insta también al Gobierno de España a iniciar un diálogo con las comunidades autónomas y entidades locales para evaluar si la intervención en los precios de alquiler está generando los resultados esperados, considerando la realidad de los distintos territorios.
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