En una sesión tenso y polémica en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario del PSOE ha rechazado de plano la propuesta presentada por el partido Vox para abordar el problema de los asentamientos irregulares. La iniciativa, que buscaba declarar la ilegalidad de estos asentamientos y establecer un marco jurídico para su desmantelamiento, fue duramente criticada por los socialistas, que la tacharon de inconstitucional y discriminatoria hacia las comunidades afectadas. Con esta decisión, el PSOE sigue mostrando su compromiso con la protección de los derechos de los ciudadanos y su rechazo a medidas que atenten contra la igualdad y la justicia social.
Vox fracasa en Cortes con propuesta contra ocupaciones irregulares en Castilla-La Mancha
La propuesta presentada por Vox para combatir la ocupación ilegal en Castilla-La Mancha ha sido rechazada en las Cortes regionales. La iniciativa, que contaba con el apoyo del Partido Popular (PP), no logró obtener la mayoría necesaria para ser aprobada.
La propuesta de Vox pedía al Gobierno de España que modificara el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas contra los okupas. Además, solicitaba la creación de un registro de zonas afectadas por la ocupación y la oferta de apoyo jurídico a las víctimas.
La reacción de Vox
El portavoz de Vox en las Cortes, Iván Sánchez, manifestó su decepción ante el rechazo de la propuesta y acusó al PSOE de haber dejado caducar la normativa aprobada en la pasada legislatura para regular los desalojos exprés.
Sánchez sostuvo que es necesario tomar medidas drásticas contra los okupas, como sacarles inmediatamente con una patada en el culo cuando están cometiendo un delito. También denunció que se están ocupando incluso chalés con piscina.
La respuesta del PSOE
La diputada socialista Marisa Sánchez respondió a las críticas de Vox, acusando al portavoz de la formación de no presentar información sobre las infracciones cometidas. No venga aquí con la brocha gorda, le recriminó.
Sánchez destacó que el Gobierno regional tiene una política de tolerancia cero ante las ocupaciones ilegales y que la Consejería de Fomento ha demostrado su compromiso con la lucha contra la ocupación.
La posición del PP
La diputada del PP, María Roldán, cuestionó la efectividad de las medidas tomadas por el Gobierno regional en sus competencias. Afirmó que no hay datos reales sobre el impacto de las propuestas y medidas adoptadas.
Roldán citó datos del CIS que muestran que uno de cada cuatro castellanomanchegos teme una ocupación y que tres de cada cuatro vecinos cree que la ocupación es un problema social. Por tanto, hay alarma social, denunció.
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