El exsecretario de Estado de Seguridad, Gómez Gordo, afirmó en su declaración ante el juez que la operación Kitchen llevada a cabo durante el gobierno de Mariano Rajoy fue legal. Esta controvertida operación, que tenía como objetivo recuperar documentos sensibles para el Partido Popular, habría sido realizada, según Gómez Gordo, dentro del marco legal. Sus declaraciones han generado un intenso debate en la opinión pública y en los círculos políticos, donde se cuestiona la legalidad y la ética de las acciones emprendidas durante aquel periodo. La defensa de Gómez Gordo insiste en que la operación Kitchen no habría vulnerado ninguna normativa vigente, mientras que sus detractores reclaman una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.
Gómez Gordo defiende su participación en la operación Kitchen como legal y justificada
El comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha, ha defendido su actuación en la operación Kitchen, por la que la Fiscalía solicita 15 años de cárcel. Gómez Gordo afirma que cumplió con las instrucciones superiores y que actuó convencido de la legalidad de la operación, de la cual asegura no tener información. Se le atribuye intervenir en la captación del confidente Sergio Ríos, acusación que niega rotundamente.
Gómez Gordo se declara ajeno al proceso de ingreso de Ríos en la Policía y justifica los pagos realizados a este, señalando que obedecía órdenes de Eugenio Pino. Niega haber tenido conocimiento de irregularidades en la operación y rechaza la idea de estar cometiendo algún delito.
Eugenio Pino asegura que la operación Kitchen fue legítima y necesaria para investigar delitos
Por su parte, Eugenio Pino, exnúmero dos de la Policía con el Gobierno del PP, defiende la legalidad de la operación Kitchen, respondiendo a un interés policial legítimo, pertinente y necesario en la investigación de presuntos delitos del extesorero Luis Bárcenas. Niega haber ordenado el robo de documentos y rechaza haber cometido algún delito en relación con esta operación.
La Fiscalía considera la operación Kitchen como ilícita y urdida desde el Ministerio del Interior en 2013 para espiar a Bárcenas y sustraerle documentos relacionados con el caso Gürtel. Pino sostiene la legalidad de la actuación policial desde su origen y defiende el interés policial en investigar hechos presuntamente delictivos, independientemente de una investigación judicial abierta.
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