En una decisión contundente, los alcaldes del Partido Popular han declarado la guerra al canon del agua, manifestando su rotundo rechazo a esta medida impositiva. La polémica surge a raíz de la propuesta de establecer un impuesto sobre el agua que afectaría directamente a los ciudadanos, generando un fuerte descontento en la población. Esta postura desafiante por parte de los alcaldes del PP evidencia un claro posicionamiento en defensa de los intereses de sus municipios y habitantes, quienes se verían impactados por esta nueva carga impositiva. La oposición a esta medida se ha convertido en un punto de inflexión en el debate político actual, generando un clima de confrontación entre las autoridades locales y el gobierno central.
Alcaldes del PP en Castilla-La Mancha rechazan el canon del agua
Los alcaldes del Partido Popular (PP) de Castilla-La Mancha han declarado la guerra al canon del agua. Hoy se han concentrado en el Palacio de Fuensalida, sede de Presidencia, para protestar por este gravamen al consumo del agua que plantea la Junta. Precisamente a unos metros se estaba debatiendo en las Cortes la Ley de Medidas Administrativas con la que se recupera este canon del agua, que hoy mismo se votará. Los diputados del PP votarán que no, pero esta iniciativa saldrá adelante seguramente con los votos de la mayoría socialista en el Parlamento.
Los alcaldes del PP se quejan de que sus vecinos tengan que pagar un nuevo gravamen por el consumo del agua, que calculan que como mínimo partirá de 30 euros al año por hogar. También alertan del perjuicio que puede suponer para locales que utilizan bastante agua como bares o peluquerías o para la industria. Además los ayuntamientos tendrán que pagar también el canon por el consumo que hacen para piscinas, riego o instalaciones municipales como las educativas o deportivas. Calculan que para las capitales y grandes ciudades de la región este nuevo impuesto puede rondar el millón de euros al año. Para más inri se quejan de que los ayuntamientos tendrán que hacer toda la gestión y recaudar este canon entre sus vecinos para luego dar el montante a la Junta, pues la ley establece que solo el 25 por ciento de lo recaudado volverá a los municipios.
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