Murcia ha presentado oficialmente ante el Supremo su recurso contra el Plan del Tajo. Esta acción legal responde a la controversia generada por el mencionado plan, el cual ha sido objeto de debate y protestas en la región. La decisión de recurrir al máximo tribunal del país busca defender los intereses de la comunidad murciana en relación con la gestión de los recursos hídricos. El impacto del Plan del Tajo en la región ha generado descontento y preocupación entre los habitantes y autoridades locales, quienes buscan garantizar un adecuado abastecimiento de agua para sus necesidades. La formalización de este recurso ante el Supremo marca un paso importante en la defensa de los derechos de Murcia en esta cuestión.
El Gobierno de Murcia impugna real decreto que impacta trasvase del Segura
El Gobierno de la Región de Murcia ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo en contra del real decreto 35/2023 que modifica los planes hidrológicos del Tajo y del Segura. La acción fue anunciada en conferencia de prensa por el portavoz gubernamental, Marcos Ortuño, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
Según Ortuño, el nuevo plan hidrológico del Tajo, establecido en dicho decreto, implica una disminución en el trasvase de agua al Segura, que podría alcanzar los 100 hectómetros cúbicos anuales, sin ofrecer alternativas viables. Esta medida ha motivado la formalización de la demanda, luego de que en abril se presentara un recurso contra los nuevos planes hidrológicos.
La demanda argumenta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actuó de manera arbitraria al aprobar los documentos sin informes técnicos, ignorando la existencia del Trasvase Tajo-Segura. Esto lleva al Gobierno regional a considerar que el plan del Tajo debe ser invalidado, puesto que se obvió la presencia del trasvase en la planificación hidrológica.
Además, se destaca que el plan del Tajo no evaluó las consecuencias socioeconómicas de la reducción en el suministro de agua a través del trasvase, lo que podría resultar en la pérdida de 6.000 empleos y un impacto económico de 300 millones de euros, además de afectar gravemente al medio ambiente y la biodiversidad.
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