Amnistía Internacional exige declarar zonas de conflicto en la Comunidad Valenciana (CLM)
En un llamado urgente a la acción, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana que declare oficialmente zonas de conflicto en la región, tras una serie de incidentes que han puesto en peligro la seguridad y los derechos humanos de los ciudadanos. Según la organización defensora de los derechos humanos, la situación en la Comunidad Valenciana (CLM) se ha vuelto cada vez más tensa en los últimos meses, con incidentes de violencia, detenciones arbitrarias y limitaciones a la libertad de expresión. Amnistía Internacional considera que la declaración de zonas de conflicto es un paso crucial para abordar la situación y proteger los derechos fundamentales de la población.
Amnistía Internacional pide regular precios de alquiler en zonas de conflicto de la Comunidad Valenciana
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha dirigido una carta al consejero de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, en la que solicita que el Gobierno regional declare las zonas tensionadas en la región y, por consiguiente, se regule el precio del alquiler en dichas áreas.
En la misiva, Amnistía Internacional expresa su preocupación por el ejercicio del derecho a la vivienda en Castilla-La Mancha, especialmente después de la publicación del índice de referencia que permitirá la declaración de zonas tensionadas y la regulación de los precios del alquiler en España, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo de 2023.
Índice de precios de referencia para regular los alquileres
El 27 de febrero, el Gobierno publicó el índice de precios de referencia para regular los alquileres. Este mecanismo de control de precios del alquiler se dirige básicamente a grandes tenedores en zonas tensionadas y establece un sistema estatal de referencia en base a los contratos que están actualmente en vigor.
Amnistía Internacional lamenta que el Gobierno autonómico ha manifestado su negativa a regular el precio del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas, salvo que los ayuntamientos así lo soliciten. La organización considera que las comunidades autónomas tienen competencias en materia de zonas tensionadas y que los gobiernos deben ser proactivos en el cumplimiento de las mismas.
La organización enfatiza que la regulación del precio del alquiler no es excluyente con invertir en aumentar la oferta de vivienda o construir más vivienda social, sino que ambas medidas son necesarias para garantizar el derecho a la vivienda.
Amnistía Internacional insta al Gobierno regional a tomar medidas para proteger el derecho a la vivienda de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, especialmente en áreas donde la situación es más crítica.
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