La audiencia judicial que debía determinar el destino del caso contra el acusado Solórzano ha sido nuevamente suspendida, marcando así la tercera vez que se pospone el juicio. Este hecho ha generado incertidumbre y descontento en la opinión pública, así como cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial. La dilación en el proceso judicial ha provocado un ambiente de impaciencia entre los involucrados y la sociedad en general, quienes esperan con ansias una resolución definitiva. La ausencia de avances concretos en este caso ha alimentado la percepción de ineficiencia en la administración de justicia, dejando en evidencia la necesidad de reformas urgentes para agilizar los procedimientos legales y garantizar la pronta impartición de justicia.
Suspensión por tercera vez del juicio contra Solórzano por delito urbanístico
El exalcalde socialista de Hormigos, Basilio Damián Solórzano, deberá esperar al menos hasta el 17 de septiembre para coprotagonizar el juicio suspendido ayer de nuevo. Se trata del tercer aplazamiento en 15 meses en la Audiencia Provincial; en esta ocasión, por la incomparecencia de tres testigos peritos como arquitectos del Departamento de Calidad del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y otros dos testigos. Como acusado, figura igualmente el exarquitecto municipal Luis Lasso.
El personal de auxilio de la Audiencia Provincial nombró a los abundantes testigos del juicio, pero apenas hubo respuestas. La mayoría se ausentó de la citación. Por todo ello, la jueza María Jiménez consultó con la fiscal, los abogados de la defensa y con la acusación particular, que representa al Ayuntamiento de Hormigos, la suspensión de la vista hasta el 17 de septiembre. Los dos señalamientos anteriores, en enero y junio de 2023, quedaron aplazados por convocatorias de huelga de los letrados y los funcionarios de Justicia.
El Ayuntamiento de Hormigos pide dos años y medio de prisión y 12 años y medio de inhabilitación para cargo público contra Basilio Damián Solórzano y Luis Lasso por un delito continuado contra la ordenación del territorio.
Juicio contra exalcalde de Hormigos aplazado nuevamente por incomparecencia de testigos
Por su parte, la Fiscalía pide una pena de 18 meses de prisión, una multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros e inhabilitación de 8 años para empleo y cargo público contra el exalcalde de Hormigos por un delito contra la ordenación del territorio, misma acusación que dirige contra el exarquitecto municipal entre los años 2005 y 2009.
La acusación pública detalla que la empresa Alfalex Gestión Inmobiliaria solicitó autorización al Ayuntamiento de Hormigos en septiembre de 2007 para un estudio de detalle para la ordenación de los terrenos ubicados en la prolongación de la calle de Zarzamora y la calle de Cedillo, de nueva creación.
El secretario municipal informó desfavorablemente el 4 de octubre de 2007 por la necesidad de someter el trámite a información pública de 20 días, al informe técnico jurídico de la Comisión Provincial de Urbanismo y a la aprobación del Ayuntamiento. Sin embargo, el exalcalde, quien rigió durante 24 años, dictó un decreto que aprobaba el estudio de detalle presentado por Alfalex Gestión Inmobiliaria.
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