Tasa de incapacitaciones entre jueces supera el 50%: un reto para el sistema judicial

Tasa de incapacitaciones entre jueces supera el 50%: un reto para el sistema judicial

La incapacitación de jueces en ejercicio ha alcanzado un nivel alarmante en el país, con una tasa de incapacitación que supera el 50% según últimos informes. Esta situación genera un grave problema para el sistema judicial, que se enfrenta a la pérdida de experiencia y conocimientos especializados de estos profesionales. La incapacitación de jueces no solo afecta la eficiencia y eficacia del sistema, sino que también genera retrasos en la justicia, lo que puede tener graves consecuencias para la sociedad en general. En este contexto, es urgente abordar esta situación y encontrar soluciones para garantizar la continuidad y la estabilidad del sistema judicial.

La tasa de incapacitaciones entre jueces supera el 40%: un desafío para el sistema judicial español

La reforma laboral, la ley mordaza, la del 'sí es sí' o la de amnistía han sido algunos de los temas más debatidos en los últimos tiempos. Sin embargo, una ley que ha pasado más desapercibida es la Ley 8/2021 de Apoyo a las Personas con Discapacidad, que según Luis Perales, presidente de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha, Futucam, ha sido muy revolucionaria y ha removido todo el ordenamiento jurídico español.

Las implicaciones de esta normativa son muy grandes, ya que ha devuelto todos los derechos que se habían quitado a las personas con discapacidad que desde la ley de 1983 han sido declaradas incapacitadas jurídicamente. Ahora, esa incapacitación ha desaparecido y la fórmula de tutela también, aunque en algunos casos se mantiene una curatela representativa.

Un cambio legislativo con implicaciones importantes

La nueva ley ha supuesto un cambio importante en la vida de las personas con discapacidad, que ahora tienen más autonomía y capacidad para tomar decisiones sobre sus vidas. Según Perales, hay personas que saben si le gusta ese piso para comprarlo y no pueden hacerlo porque estaban limitados en sus tomas de decisiones.

La ley tiene tres años, pero su desarrollo está provocando determinadas dudas que se están aclarando en jornadas como las que se han celebrado en la Consejería de Bienestar de Castilla-La Mancha, organizadas por Plena Inclusión, Futucam y financiadas por la Fundación la Caixa.

Un mensaje de tranquilidad a las familias

Perales quiso mandar un mensaje de tranquilidad a las familias: En las que tenían a su hijo con grandes necesidades de apoyo, va a seguir lo mismo. Ahora bien, se trata de hacer un traje a medida en función de las capacidades de cada persona.

Este cambio legislativo está teniendo su repercusión en la actividad de los tribunales, que tienen que revisar las sentencias de incapacitación. Había un plazo de tres años para revisarlas todas y Perales reconoce que ya ha expirado el plazo y que están entre el 40 y el 45 por ciento. Es una carga importante, reconoce.

También esa carga se está trasladando a las fundaciones que se encargaban de gestionar esa tutela como Futucam. El presidente de Plena Inclusión, Francisco Serrano, reconoce que en muchas familias la preocupación viene porque se creen que se van a quedar desprotegidos.

La implementación de la ley

Serrano indica que estas jornadas están bien para que se clarifique eso y que los profesionales nos puedan decir de qué manera se va a implantar la ley y de qué manera va a incidir en las familias y en las personas con discapacidad. Comenta que sigue habiendo curatela para proteger el tema económico, pero que una vez implantada la ley cualquier persona pueda ir a un banco, firmar una póliza, pedir un préstamo o sacar dinero.

Serrano destaca que esta ley es positiva porque estamos volviendo a dar a las personas sus derechos, pero también da lugar a algunos problemas a la hora de la implantación.

El director general de Discapacidad de la Junta, Francisco Armenta, destaca que la Junta ayuda a financiar las fundaciones de tutela, con las que se puede atender a 1.400 personas con las seis fundaciones que desarrollan estos programas y estas medidas judiciales de apoyo. Reconoce que toda ley requiere un desarrollo y nos vamos encontrando con dificultades que hoy se van a analizar y que afectan a cuestiones de la vida diaria de las personas con discapacidad.