En una reciente solicitud presentada a través de una Proposición No de Ley (PNL), el partido político Vox ha instado a la Junta a rechazar el Pacto Verde Europeo. Esta petición, que lleva consigo un marcado cuestionamiento hacia las políticas medioambientales propuestas, ha generado un intenso debate en el ámbito político. La propuesta de Vox se fundamenta en argumentos relacionados con la soberanía nacional y la amenaza que, según el partido, supone la adopción de este acuerdo para el desarrollo económico del país. La postura de Vox refleja la diversidad de opiniones existente en torno a las políticas medioambientales, evidenciando la importancia de un diálogo constructivo para abordar los retos que plantea la sostenibilidad ambiental en la actualidad.
Vox insta a la Junta a rechazar Pacto Verde por impacto en economía
El grupo parlamentario Vox ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes de Castilla-La Mancha para exigir al Gobierno regional que, en la medida de sus competencias, tome una postura firme en contra del Pacto Verde y denuncie que su aplicación provoca graves consecuencias en la economía española y sobre todo en el sector primario.
Según ha explicado en un comunicado la formación política, con la PNL pretende reclamar al Ejecutivo autonómico que promueva la derogación de todas las políticas de Castilla-La Mancha inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, en especial la Estrategia de la granja a la mesa y la Estrategia de biodiversidad.
En este sentido, el portavoz del grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez, ha manifestado que las políticas ecologistas del Pacto Verde lastran la viabilidad del sector primario al priorizar los objetivos climáticos sobre la viabilidad económica de las unidades de producción e industrias vinculadas al mundo rural en la región, a la vez que conlleva una pérdida de competitividad en los mercados de exportación de los productos castellanomanchegos.
Asimismo, Vox también ha reclamado en esta iniciativa al Gobierno regional que tome las medidas necesarias para garantizar la soberanía alimentaria en el marco de las competencias regionales, la eliminación de la competencia desleal de terceros países y el fortalecimiento del principio de preferencia comunitaria.
Según Sánchez, el Gobierno de Castilla-La Mancha debería dejar de mirar para otro lado ante las reivindicaciones de los agricultores y hacerles caso con medidas concretas, así como hacer todo lo posible para suspender aquellos acuerdos comerciales que permitan la importación de productos que no cumplan las mismas exigencias fitosanitarias.
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